Drones y Emergencias: Colaboración Civil bajo Condiciones NO EASA
El uso de Sistemas de Aeronaves no Tripuladas (UAS o drones) ha revolucionado numerosos sectores, y la gestión de catástrofes y emergencias no es una excepción. En situaciones críticas, la agilidad y la capacidad de los drones para acceder a zonas de difícil alcance son inestimables. Como hemos explorado en artículos anteriores de esta serie "NO EASA", España cuenta con un marco regulatorio específico para las operaciones de drones que se realizan en el interés general por organismos públicos o en su nombre.
En este quinto artículo de nuestra serie, nos centraremos en un aspecto fundamental y a menudo poco conocido: cómo los operadores privados de drones pueden sumarse a estos esfuerzos de servicio público en momentos de crisis, operando bajo las mismas condiciones favorables que las actividades NO EASA realizadas directamente por las autoridades, priorizando la respuesta ante el desastre.
El Marco Legal para la Colaboración Civil en Emergencias
La capacidad de los operadores privados para colaborar en situaciones de catástrofe y emergencia encuentra su base en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece el deber de colaboración ciudadana. El Real Decreto 517/2024, de 4 de junio, que desarrolla el régimen jurídico para la utilización civil de UAS en España, es clave en este ámbito.
Este Real Decreto establece que, cuando las autoridades públicas responsables de la gestión de una catástrofe o emergencia requieran la colaboración de operadores de drones privados, estos podrán operar bajo las mismas condiciones que las actividades o servicios NO EASA realizadas directamente por un organismo investido de autoridad pública. Esto significa que el operador privado, al ser requerido, se beneficia de un régimen más flexible y adaptado a la urgencia de la situación, desvinculándose de ciertas restricciones del régimen general.
Es importante destacar que este marco busca facilitar una respuesta rápida y eficaz, reconociendo el potencial de los drones en misiones como la búsqueda y salvamento (SAR), la lucha contra incendios (LCI), la evaluación de daños, la entrega de suministros o la vigilancia de zonas afectadas, entre otras. Al adoptar las condiciones de las operaciones NO EASA públicas, se persigue una mayor agilidad y menos trabas burocráticas en momentos donde cada segundo cuenta.
Exenciones Clave para Operadores Privados en Situaciones Críticas
La posibilidad de operar bajo las mismas condiciones que las actividades NO EASA públicas otorga a los operadores privados una serie de exenciones y flexibilidades cruciales en escenarios de catástrofe y emergencia. Algunas de las más relevantes, como ya señalamos en el artículo sobre "Exenciones Clave para Operaciones de Drones NO EASA", incluyen:
- Exención del requisito de identificación a distancia: Por motivos de seguridad pública, y siempre que se apliquen medidas de atenuación complementarias que garanticen niveles de seguridad equivalentes, los UAS que realicen actividades o servicios NO EASA pueden operar sin cumplir el requisito de estar equipados con un sistema o accesorio de identificación a distancia, o de la veracidad de la información suministrada a través de dichos sistemas o accesorios (Artículo 15 del Real Decreto 517/2024). Esta exención es vital en operaciones contra el crimen organizado, terrorismo o amenazas graves a la seguridad ciudadana, así como las dirigidas a prevenir y evitar peligros que afecten la independencia o integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del Estado de Derecho o sus instituciones.
- Flexibilidad en la categoría «específica»: Para las operaciones en la categoría «específica», los organismos públicos (y por extensión, los operadores privados que colaboran en emergencias bajo su requerimiento) no requieren la presentación de una declaración operacional ni una autorización previa para operar, siempre que el organismo asegure la realización de una evaluación de riesgo y mantenga su propia solvencia técnica, o si se ajustan a un escenario estándar nacional (Artículo 17 del Real Decreto 517/2024). Esto simplifica enormemente los trámites y permite una respuesta más rápida.
- Exclusión del régimen general de uso de UAS: Las actividades o servicios NO EASA realizados directamente por un organismo público están exentos de la aplicación del Capítulo II del Real Decreto 517/2024. Este capítulo contiene el régimen general de uso de UAS, incluyendo algunas de las normas más restrictivas para operaciones en categoría abierta, edades mínimas de operadores y requisitos de seguro para MTOM inferior a 20kg en A2/específica/certificada. Al operar bajo las mismas condiciones, los operadores privados en emergencia también se benefician de esta exclusión.
Es fundamental comprender que estas flexibilidades están diseñadas para eliminar obstáculos burocráticos que podrían ralentizar una respuesta vital, pero siempre manteniendo un compromiso inquebrantable con la seguridad operacional.
Responsabilidades Compartidas para una Respuesta Eficaz
La colaboración civil en emergencias, aunque flexible, no exime de responsabilidades. La eficacia y seguridad de estas operaciones dependen de una clara distribución de roles y una coordinación rigurosa:
- Responsabilidades de la autoridad pública que requiere la colaboración:
- Debe recurrir, siempre que sea posible, a operadores de UAS registrados y con las habilitaciones necesarias para la categoría de operaciones de que se trate (Artículo 12.2.a.1º del Real Decreto 517/2024).
- Debe establecer las medidas de coordinación necesarias entre los distintos medios aéreos intervinientes (drones tripulados, helicópteros, etc.) para minimizar los riesgos a las aeronaves tripuladas y a terceros (Artículo 12.2.a.2º del Real Decreto 517/2024).
- Responsabilidades del operador privado de UAS colaborador:
- Debe planificar y ejecutar los vuelos de modo que minimice los riesgos para terceros (Artículo 12.2.b del Real Decreto 517/2024).
- La indemnización de los daños y perjuicios que sufran los operadores por la realización de estos vuelos se regirá por lo previsto en la legislación reguladora del deber de colaboración de los ciudadanos ante situaciones de catástrofe y de emergencia de protección civil (Artículo 12.2 del Real Decreto 517/2024).
Este enfoque garantiza que, si bien se prioriza la rapidez de respuesta, la seguridad y la mitigación de riesgos sigan siendo la máxima prioridad, incluso en las circunstancias más exigentes.
Conclusión: Fortaleciendo la Respuesta a Emergencias con Drones Civiles
El marco normativo español reconoce y potencia la valiosa contribución de los operadores de drones privados en situaciones de catástrofe y emergencia. Al permitirles operar bajo las condiciones favorables de las actividades NO EASA públicas, se crea un ecosistema de respuesta más robusto y ágil, capaz de movilizar recursos adicionales cuando más se necesitan. En Lurrafly, entendemos la importancia de esta flexibilidad y nos dedicamos a formar operadores competentes que puedan servir eficazmente en cualquier escenario, contribuyendo a la seguridad pública y al bienestar de la sociedad.
Aunque estas operaciones gozan de exenciones para facilitar la respuesta rápida, es crucial recordar que la seguridad operacional equivalente sigue siendo un deber ineludible, un tema que abordaremos en un futuro artículo de esta serie.
